La crisis económica internacional de los años treinta, cuya primera manifestación fue el crack de la bolsa de Nueva York en el año 1929, ha sido la más profunda de las experimentadas por el sistema capitalista. La economía española era dependiente de los países desarrollados, por lo que la crisis internacional tuvo también consecuencias:
•Contracción del comercio exterior, que afectó en especial al sector agrícola más productivo, a la industria minera y a la siderúrgica. Las exportaciones disminuyeron en cuanto volumen y, sobre todo, en valor a causa del hundimiento generalizado de los precios en los mercados internacionales.
•Colapso de las inversiones extranjeras, que se agravó por la crisis política en el interior del país.
•Interrupción de la emigración a América y aumento del retorno de muchos emigrados, lo que supuso un incremento del desempleo.
Aunque la economía de la Segunda República se desenvolvió en un escenario de crisis internacional, sus principales problemas vinieron del comportamiento de los agentes internos. La desconfianza y el boicot de terratenientes y capitalistas, por un lado, y la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros, por otro, se reforzaron mutuamente y generaron un clima de incertidumbre poco propicio para el desarrollo de la economía
Durante el primer bienio de la II República en España, se implementaron diversas reformas con el objetivo de modernizar y democratizar el país. En el ámbito socio-laboral, se buscó mejorar las condiciones de trabajo y los derechos laborales. Entre las medidas destacan la instauración de una jornada laboral de 8 horas, el reconocimiento del derecho de huelga y el impulso de políticas de protección social. Estas medidas generaron tensiones con sectores conservadores, pero contribuyeron a fortalecer gradualmente los derechos de los trabajadores.
La reforma agraria tuvo como objetivo abordar la concentración de tierras y la pobreza rural. Las medidas incluyeron la expropiación de tierras a grandes propietarios para su distribución entre los campesinos, fomentando la propiedad colectiva. Sin embargo, la reforma enfrentó fuertes resistencias de terratenientes, resultando en conflictos en el campo. Aunque intentó abordar la desigualdad, la reforma agraria no logró resolver completamente los problemas estructurales. Consistió en llevar a cabo una reforma agraria con la finalidad de crear una clase de pequeños propietarios entre los jornaleros sin tierras a costa de los latifundios improductivos. De esta manera, se pretendía entregar tierras a los campesinos a fin de obtener su apoyo para afianzar el régimen republicano y al mismo tiempo evitar conflictos y revueltas sociales en las zonas rurales
En esta reforma muchas hectáreas de tierra quedaron a disposición del Estado, aunque la distribución de la propiedad entre los campesinos fue lenta y no se consiguió generar el número de propietarios previstos.
Este fracaso de la reforma, constituyó uno de los motivos de decepción con la República de los campesinos, que se inclinaron hacia soluciones revolucionarias propuestas por los anarquistas. Además, la reforma agraria asustó a los propietarios, ya que consideraban que la ley era revolucionaria. El gobierno planteó que los propietarios rurales debían tener todas las tierras cultivadas si no querían que las tierras yermas pasaran a ser usufructuadas por jornaleros.
En el ámbito religioso, la reforma buscaba la separación Iglesia-Estado y la secularización de la sociedad. Se estableció la libertad religiosa, se disolvieron órdenes religiosas y se redujo la influencia de la Iglesia en asuntos públicos. Estas medidas generaron reacciones adversas por parte de la Iglesia y sectores conservadores, dando lugar a tensiones en la sociedad. A pesar de la resistencia, la secularización contribuyó a una mayor autonomía individual y civil.
La Iglesia, también vinculada a la monarquía, al principio se mantuvo expectante. El 11 de mayo, se produjo la quema de conventos en Madrid, Sevilla y Málaga por grupos incontrolados. Muchos católicos, después de estos hechos, empezaron a ver la República como un régimen contrario a sus convicciones. A partir de este momento, la Iglesia se mantendría en constante oposición al régimen republicano. Además, la Iglesia se opuso al matrimonio civil, al divorcio, a los cementerios civiles y a la Ley de Congregaciones Religiosas (1933).
La reforma militar tenía como objetivo modernizar y democratizar las fuerzas armadas, eliminando la influencia política de los militares. Se redujo el presupuesto militar, se eliminaron privilegios y se intentó limitar la participación política de los militares. Sin embargo, la Sanjurjada en 1932, un intento de golpe militar, reflejó la resistencia de ciertos sectores militares y políticos a estas reformas.
En el ejército, identificado siempre con la monarquía, se ofreció a los generales, jefes y oficiales la posibilidad de jubilarse con el sueldo íntegro. Con esta medida se consiguió reducir el número excesivo de comandantes y de divisiones, y también ofreció una salida a aquellos militares cuyas convicciones no les permitían continuar en el ejército bajo bandera republicana. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, clausuró también la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco, y anuló todos los ascensos por elección o méritos de guerra obtenidos durante la dictadura. Quince meses después de la proclamación de la República, algunos militares, con el general Sanjurjo a la cabeza, llevaron a cabo en Sevilla en agosto de 1932, la “Sanjurjada”, un intento de golpe de Estado contra la República que fracasó. Este hecho evidenció que la lealtad del ejército no estaba ni mucho menos garantizada.
En cuanto a la reforma territorial, se buscaba descentralizar el poder y reconocer autonomías. Se promovió la creación de estatutos de autonomía para diversas regiones, como el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se reconocía un gobierno autónomo (Generalitat) que redactaría un Estatuto. Finalmente, tras su paso por las Cortes, fue aprobado. En él se estipulaba que Cataluña contaba con un gobierno y un parlamento propios, así como numerosas competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del catalán.
En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron en 1931 un proyecto de Estatuto.
No obstante, la Sanjurjada también reflejó la oposición de algunos sectores a la descentralización política y al reconocimiento de autonomías.
En el ámbito educativo, la reforma tenía como objetivo la laicización y modernización del sistema educativo. Se estableció la enseñanza laica, se limitó la influencia de la Iglesia en la educación y se promovió la educación pública. A pesar de generar conflictos con la Iglesia y sectores conservadores, estas medidas sentaron las bases para un sistema educativo más secular y accesible.
En el terreno de la educación se decretó la creación de 7.000 plazas nuevas de maestros, además del establecimiento de una red de bibliotecas. Esta política continuó durante el Bienio Reformista. Se hicieron 13.500 escuelas de primaria y el presupuesto de educación creció en un 50% para luchar contra el analfabetismo. En la Constitución se había declarado la escuela primaria obligatoria, gratuita y mixta.
El socialista Largo Caballero impulsaría la aprobación de una legislación socio-laboral con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajadores y sindicatos. Se aprobó la Ley de Contratos de trabajo y la Ley de Jurados mixtos. También se estableció la semana laboral de 40 horas y de 8 horas diarias, y se estimuló el aumento de salarios y de seguros sociales. El Gobierno también actuó a favor de la jornada de ocho horas de trabajo en el campo.
Los gobernantes de 1931 defendían un Estado central fuerte y concebían España como una unidad histórica y cultural, pero emprendieron una reforma territorial que tenía como objetivo crear un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía.
La paralización y el retroceso del proyecto reformista durante el Bienio conservador, fue la consecuencia de las elecciones de 1933 que fueron favorables a la derecha y al centro, debido, entre otros factores, al absentismo, animado por algunos sindicatos obreros. El presidente de la República encargó la formación del Gobierno a Lerroux, líder del Partido Radical. En una primera fase, la CEDA apoyó al nuevo ejecutivo, aunque no formó parte de él. Lerroux inició una política revisionista de las reformas del bienio anterior:
• Frenó la reforma agraria, devolviendo las tierras a la nobleza y la libertad de contratación. La respuesta de los campesinos se produjo mediante huelgas.
• Paralización de la reforma militar, se aprobó una amnistía para los militares sublevados con Sanjurjo en 1932, así como los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera. Además, se produjo los nombramientos en el ejército de militares poco o nada partidarios de la democracia, como el general Franco, que fue nombrado jefe del Estado Mayor, etc.
• Conciliación con la Iglesia Católica. Se intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones con la Santa Sede para la firma de un concordato.
• Enfrentamiento con los nacionalismos periféricos, ya que frenó la discusión del proyecto del Estatuto de Autonomía vasco. Además, se produjo un enfrentamiento constante con la Generalitat de Cataluña en referencia a la cuestión agraria.
• En materia cultural y educativa se redujeron los presupuestos.